Centros de salud forzados a referir embarazadas a servicios de aborto

LOS ÁNGELES — A pesar de que una nueva ley estatal requiere que los centros de salud y clínicas les informen a sus pacientes embarazadas sobre los servicios de planificación familiar y aborto a bajo costo o gratis, muchos centros aún no se acatan a las reglas, según la procuraduría de Los Ángeles.

Para respetar la medida AB-775, que entró en vigor en enero tras la aprobación del gobernador Jerry Brown, el departamento se ha dado a la tarea de enviar cartas a varios centros de salud para recordarles su nuevo deber, una acción que ha divido a la comunidad en el tema.

La AB-775 requiere que “los llamados centros de crisis para embarazadas provean información precisa y clara”, señala el procurador Mike Feuer. “Esperar un día, una semana o un mes para aplicar la ley es una amenaza para la salud y la seguridad de las mujeres, que durante este periodo, no estén informadas sobre sus opciones”, agrega.

Sin embargo, varias organizaciones y madres de familia en contra del aborto han tomado este paso como un crimen.

“Mi meta es hacerle saber al público que el aborto es un asesinato”, sostiene la activista Teresa Rodríguez, quien se planta frente a varias clínicas de Planned Parenthood durante el año para demostrar su descontento.

“Es cierto que todos tenemos derecho de hacer lo que queramos con nuestros cuerpo, pero al forzar a las clínicas sobre esta supuesta ley, estamos atentando contra cuerpos que no nos pertenecen”, agrega la residente de Los Ángeles.

Rodríguez sostiene que en lugar de proveer la información del aborto, “los centros deben ser más estrictos en la prevención de embarazo”.

Asimismo, Matt Browman, un abogado con Alliance Defending Freedom, una organización en contra del aborto, sostiene que la nueva ley viola los derechos de la Primera Enmienda.

“Requerir que los centros de salud pro vida refieran a las mujeres a lugares para obtener abortos gratis es una violación a sus derechos de libertad de expresión”, enfatiza el abogado, quien sostiene que en junio una corte federal de apelaciones va a escuchar la apelación de Alliance Defending Freedom para anular la nueva ley.

Por su parte, la procuraduría recalca que hasta el momento ninguna corte ha suspendido la ley que requiere que los centros y clínicas ofrezcan opciones a sus pacientes así como servicios relacionados a programas de planeación familiar, incluido el aborto a través de información en línea y escrita.

En aprobación a la acción de la procuraduría, NARAL Pro-Choice California, una organización a favor de los derechos de la mujer, afirma que la ley debe acatarse.

“La ciudad y el condado de Los Ángeles han actuado adecuadamente en contra de aquellos agreden [a la mujer] al no darles opciones reproductivas”, dice Amy Everitt, directora de la organización, indicando que otras ciudades deben tomar el ejemplo para no comprometer la salud de la mujer.

Hasta el momento, la procuraduría ha enviado cartas a seis centros de salud, pero se espera que durante los siguientes meses se envíen más cartas a otros centros que estén sujetos a la ley.

Claris Health Pregnancy Clinic, en el oeste de Los Ángeles, una de las clínicas que recibió la carta, señala que su agencia “ha obedecido este ley desde que entró en vigor en enero” a través de información al cliente y folletos.

Aquellos centros que reciban la noticia serán también inspeccionados por el Departamento de Asuntos del Consumidor del condado de Los Ángeles para asegurar que están siguiendo la ley.

Las sanciones por no acatarse van desde los 500 dólares por la primera ofensa y 1,000 dólares por las ofensas siguientes.