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Arrestan a ocho activistas pro estudiantes indocumentados en Georgia

Ocho activistas fueron arrestados hoy en Atlanta por interrumpir una audiencia de la Junta de Regentes de Georgia para exigir que se ponga fin a las medidas que limitan el acceso de los estudiantes indocumentados a las universidades estatales.

“Libertad y justicia para todos son ideales, pero la Junta de Regentes de Georgia los transgrede al prohibir a los estudiantes indocumentados”, reclamó el pastor Jonathan Rogers, de la Congregación Universalista Unitaria de Atlanta, a los miembros de la junta educativa.

“Sabemos cómo se llama cuando las personas son excluidas basado en su estatus social y no en su mérito académico. Se llama segregación”, señaló Rogers.

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Los activistas señalaron que las injusticias que aseguran sufren los estudiantes indocumentados no son tan distantes de las violaciones de derechos humanos y civiles que se vivieron en la década de los años sesenta en varios puntos del país.

Tras la intervención de Rogers, otros siete activistas se levantaron y entonaron la consigna “si vienen por uno, vienen por todos”.

Al final, la protesta culminó con el arresto de los ocho activistas y líderes religiosos por la policía y fueron trasladados a la cárcel del condado de Fulton.

Arizbeth Sánchez, una estudiante indocumentada de Georgia que no participó en la manifestación por temor a ser arrestada, se mostró agradecida con el gesto de los activistas de enfrentar a las autoridades educativas.

“Estamos en un clima político en el que los estudiantes indocumentados enfrentan serias consecuencias por llevar a cabo acciones de desobediencia civil y que nos ponen en un mayor riesgo de deportación a nosotros y nuestras familias”, señaló la joven que estudia en Freedom University, una iniciativa que ofrece cursos de nivel universitario a jóvenes indocumentados que no pueden acudir a las universidades estatales.

La Junta de Regentes de Georgia, que rige a las 35 universidades públicas del estado, aprobó en 2010 una medida que niega la matrícula a los estudiantes indocumentados en las cinco universidades públicas más prestigiosas del estado.

Antes de la entrada en vigor de esta política, las universidades públicas de Georgia permitían la matrícula de inmigrantes indocumentados, aunque éstos no podían recibir ni ayuda federal ni estatal y debían pagar la tarifa reservada a los no residentes del estado.

Las autoridades educativas aprobaron también una política, conocida como 4.1.6, que no reconoce el estatus legal que otorga el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para pagar matrículas como residentes del estado.

Asimismo, los estudiantes indocumentados recibieron otro duro golpe luego de que el gobernador de Georgia Nathan Deal promulgara una ley denominada “Anti-Sanctuary Campus” que prohíbe a las universidades públicas del estado convertirse en santuario para brindar protección a estos jóvenes.

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