En la última gran prueba para Obama, la Corte Suprema evalúa sus políticas migratorias

El último gran caso de la Corte Suprema en la era Obama, los abogados del gobierno defendieron hoy ante el Tribunal Supremo las medidas migratorias emitidas por el presidente Barack Obama para frenar la deportación de cinco millones de indocumentados.

“No estamos tratando de cambiar el estatus legal de nadie en Estados Unidos”, argumentó en la audiencia Donald Verrilli, el abogado del Estado.

Se espera que el Supremo decida en junio sobre la legalidad de las acciones ejecutivas que Obama proclamó en noviembre de 2014, y que fueron bloqueadas un día antes de entrar en vigor a petición de una coalición de 26 estados, liderados por Texas y la gran mayoría dirigidos por gobernadores republicanos.

Una vez más, los abogados de los líderes republicanos del Congreso y los estados desafiarán las acciones del presidente demócrata. Y, al igual que ocurrió con las batallas sobre el cuidado de la salud y el matrimonio entre personas del mismo sexo, los abogados de la administración Obama necesitarán ganar el apoyo de por lo menos uno de los jueces más conservadores de la corte.

Si los jueces se dividieran 4 a 4 -una posibilidad, desde la muerte del juez Antonin Scalia- el empate mantendría en su lugar una orden de un juez de Texas que bloqueó el plan de alivio de deportaciones del presidente Obama para que no entre en vigor.

Entre los temas en cuestión se encuentra si el presidente tiene el poder de extender una “suspensión temporal” de la amenaza de deportación y permiso de trabajo a inmigrantes que sean padres de ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Más de una cuarta parte de quienes se beneficiarán viven en California, según expertos en el tema.

Las dos partes desacuerdan no sólo en lo que sería el resultado correcto, sino en de qué se trata el caso. Un lado ve un gran choque constitucional sobre el estado de derecho en una democracia, mientras que el otro lo considera un estrecho conflicto normativo.

Los republicanos, en informes escritos, retratan la orden de Obama como una profunda amenaza para el sistema constitucional. Si el presidente puede desafiar al Congreso y cambiar la ley por su cuenta, dicen, la nación ha abandonado “su fundamento constitucional”.

Este “sería uno de los mayores cambios en la política de inmigración en la historia del país”, señalan los abogados de Texas y otros 25 estados liderados por republicanos. Para ellos, la acción del presidente surgió luego de que el Congreso rechazara cambiar la ley de acuerdo con sus deseos, por lo cual la orden se basa “en una afirmación sin precedentes e indiscriminada del poder ejecutivo”, afirman.

Los republicanos de la Cámara se unieron al caso del lado de Texas, y en todo caso subieron aún más las apuestas al describir la orden inmigratoria de Obama como “el más agresivo de los reclamos del poder ejecutivo” y una amenaza a la “separación de poderes que sustenta nuestra propia estructura constitucional”.

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