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Se agrava la crisis universitaria en Puerto Rico

Una serie de dimisiones en cadena, encabezadas por la de la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández. así como la de tres miembros de su Junta de Gobierno ha agravado la crisis del principal centro de educación superior de la isla, en huelga desde hace casi dos meses.

A ello se une el ultimátum a la ya expresidenta interina por parte del Tribunal de San Juan de que se abran las puertas del campus de Río Piedras, el principal de la UPR, bajo amenaza de cárcel.

Un ultimátum que se viene dando desde la semana pasada pero que de una forma u otra se ha logrado evitar. Los portones están vigilados por estudiantes en huelga.

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Este jueves se celebrará una tercera asamblea de estudiantes para decidir si se aceptan los preacuerdos de la Mesa de Diálogo Multisectorial y si se levanta la huelga o continúan con el cierre.

En una nueva vista celebrada hoy la jueza Lauracelis Roques dijo que tras su renuncia Fernández se libra de la cárcel pero indicó que se mantiene la multa de mil dólares a la UPR por desacato civil y que hasta el momento ya hay acumulados 11.000 dólares.

Además dijo que queda sin efecto el ultimatum impuesto debido a la cadena de eventos de las dimisiones y en vista de que la institución académica está “acefala”.

A su vez, la jueza indicó que no quería pensar que la dimisión había sido un “subterfugio” para evitar cumplir las órdenes judiciales y evitar la cárcel.

“Agradezco a los miembros de la Junta de Gobierno y el equipo de rectores que depositaron en esta servidora su confianza, y al excelente equipo de profesionales de la administración central que laboraron conmigo durante estas 13 semanas, el respaldo que me brindaron para liderar la Universidad de Puerto Rico en este difícil período, tanto para la institución como para el país”, dijo Fernández.

En una carta dirigida a Carlos Pérez, hasta ahora presidente de la Junta de Gobierno y que también presentó su renuncia, Fernández expresa que ha sido un honor y ha sentido gran satisfacción profesional y personal por el hecho de que le hayan honrado al cargo.

“Desde esta posición he volcado todas mis capacidades y esfuerzo hacia el logro de los propósitos y cometidos designados para el funcionamiento de la Universidad de Puerto Rico, principal centro docente de Puerto Rico”, agrega.

“Tengo plena confianza en una pronta y justa conclusión a la situación actual e irregular en la que nos encontramos y la reinstauración de las labores en un ambiente de sosiego y tranquilidad como el que todos merecemos para darle cumplimiento a nuestras obligaciones ministeriales”, dijo Fernández en su carta.

Previamente tres miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico presentaron su renuncia al organismo rector de la UPR para “dar oportunidad a otras personas” que “aporten a la Universidad soluciones, con el mismo empeño que hemos tenido de protegerla, pero con mayor respaldo de quienes han tomado control de sus portones y de los que tienen el control de sus fondos”.

La carta fue sometida en la mañana de hoy a la consideración del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, por los miembros de la Junta de Gobierno: Carlos Pérez Díaz, actual presidente; Carlos H. del Rio, vicepresidente, y Frank Catalá Morales.

Ante ellos, el gobernador designó a Walter Alomar Jiménez y a Zoraida Buxó Santiago como miembros de la Junta de Gobierno de UPR, nombramientos que ahora pasarán ante la consideración del Senado para su confirmación.

Los tres miembros que han renunciado consignaron que “servir a la Universidad de Puerto Rico desde su Junta de Gobierno ha sido uno de los mayores privilegios” que les ha tocado vivir y aseguraron estar convencidos de que el sostenimiento” de la UPR “es fundamental para el futuro de Puerto Rico y para miles de jóvenes estudiantes que, sin acceso a los ofrecimientos de la UPR, verán muy disminuidas sus oportunidades de desarrollo y movilidad social”.

“Desafortunadamente, la Universidad está siendo blanco de un recorte de fondos desproporcionado, desmesurado, injusto y definido muy livianamente, que pone en grave riesgo, no solo la integridad física de la UPR, sino la capacidad que todavía posee de atraer docentes de altísima calidad, de liderar importantes investigaciones y de formar profesionales extraordinarios en una gran variedad de campos de las artes y las ciencias”, dice la misiva al Gobernador.

A todas las dimisiones en cadena registradas hoy hay que sumar la de la rectora interina, Carmen Rivera Vega, quien renunció a su cargo la semana pasada.

El conflicto se reavivó en la madrugada de ayer cuando desde la dirección de la UPR se pidió a la policía que ayudará con la apertura de los portones, una petición que fue rechazada de cuajo por la dirección de las fuerzas de seguridad que advirtieron que están en modo “no intervenir”.

A los problemas que vive la UPR se unen las palabras del gobernador de Puerto Rico, quien hoy afirmó que su administración “se reitera en el respeto a la autonomía universitaria y en el cumplimiento de la ley” e invitó a la comunidad universitaria de la Universidad de Puerto rico (UPR) a que sea ella la que “demuestre tener la voluntad” de reabrir los portones y culminar con la huelga por el recorte de fondos.

“Para que se produzca una apertura de la Universidad, la propia comunidad universitaria debe evidenciar que tiene la voluntad de regresar al trabajo; el deseo de reanudar las labores académicas y el regreso a la normalidad en los recintos”, expresó Rosselló en un comunicado de prensa.

“Pretender lograr la apertura de la Universidad, sin que la comunidad universitaria demuestre tener la voluntad de regresar a las labores académicas y administrativas, sería provocar situaciones de violencia frente a los portones que deben evitarse”, afirmó el gobernador.

Exhortó, de igual forma, “a toda la comunidad universitaria, tanto a los administradores, el estudiantado, el claustro y los empleados no docentes a buscar un diálogo real, no ficticio, manteniendo el orden y el respeto”, ante la esperada reapertura de los portones.

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