México traslada a EEUU al capo Caro Quintero, dos líderes de Los Zetas y otros 26 presos
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CIUDAD DE MÉXICO — Las autoridades mexicanas trasladaron el jueves a Estados Unidos a 29 personas requeridas por vínculos con el crimen organizado, entre ellas el histórico capo Rafael Caro Quintero, que fue apresado hace casi tres años en el noroeste de México y quien es reclamado por el asesinato de un agente federal estadounidense en 1985.
La operación sin precedentes de mover a ese alto número de reclusos a Estados Unidos llega a pocos días de que venza el plazo del 4 de marzo que fijó el presidente estadounidense Donald Trump para comenzar a aplicar los aranceles generales de 25% a las importaciones mexicanas.
Además de Caro Quintero, también fueron enviados al país vecino los cabecillas del sanguinario grupo de Los Zetas, Miguel Treviño Morales y su hermano Omar Treviño Morales —alías el Z-40 y el Z-42, respectivamente—, confirmó a The Associated Press una funcionaria federal que habló en condición de anonimato porque no está autorizada para declarar.
La Fiscalía General de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunciaron en un comunicado conjunto que los reclusos fueron trasladados en la mañana del jueves desde varios centros carcelarios al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el norte capitalino, rumbo a ocho ciudades estadounidenses.
Un nuevo informe gubernamental añade evidencia de que la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que una vez fue considerada peligrosa por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F.
Eran requeridos en el vecino país por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos.
Entre ellos, había miembros de cinco de los seis cárteles mexicanos designados por la administración de Donald Trump días atrás como “organizaciones terroristas extranjeras”, incluyendo a jefes de seguridad de las dos facciones del Cártel de Sinaloa, a operadores financieros de los cárteles y un hombre implicado en el asesinato el ayudante del sheriff de Carolina del Norte en 2022.
Caro Quintero era un líder criminal sinaloense que nació en Badiraguato —el mismo municipio que Joaquín “El Chapo” Guzmán—, y fue uno de los fundadores del cártel de Guadalajara a finales de la década de 1970. Posteriormente fue líder histórico del cártel de Sinaloa junto a “El Chapo”, que en la actualidad cumple cadena perpetua en Estados Unidos, y junto a Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue detenido el año pasado en Texas.
Fue apresado en territorio mexicano en julio del 2022 y es reclamado por la justicia estadounidense por la muerte en 1985 de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.
En 2018, el FBI lo incluyó entre los 10 fugitivos más buscados y Estados Unidos ofrecía una recompensa de 20 millones por él.
El histórico capo, que fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato y secuestro de Camarena, había quedado libre en 2013 tras 28 años en la cárcel por la decisión de un tribunal de anular su condena. La muerte del agente desató fricciones en las relaciones entre Estados Unidos y México.
La recaptura en 2022 de Caro Quintero, considerado uno de los grandes “padrinos” del narcotráfico en México, representó el mayor golpe a las organizaciones criminales que dio el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
El ejecutivo de la Unión Europea dijo el jueves que el bloque de 27 naciones no pretende socavar a Estados Unidos, como dijo el presidente del país, Donald Trump, y en lugar de eso es el mayor mercado libre del mundo, que ha creado un beneficio económico para las empresas estadounidenses que trabajan en y con el continente.
La sorpresiva entrega ahora por parte de México se gestó durante semanas.
En enero, un grupo sin fines de lucro que representa a la familia Camarena envió una carta a la Casa Blanca instando a la administración de Donald Trump a renovar las solicitudes de larga data de Estados Unidos para que México extradite a Caro Quintero, según una copia de la carta proporcionada a The Associated Press por una persona conocedora de la petición de la familia.
“Su regreso a Estados Unidos daría a la familia el cierre necesario y contribuiría al interés superior de la justicia”, refiere la carta.
La presión a México aumentó después de que Trump amenazara con imponer fuertes aranceles y designara a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, según comentó a la AP la persona que facilitó la misiva y que habló en condición de anonimato sobre los detalles de las negociaciones que condujeron al traslado de Caro Quintero.
Indicó además que el jefe interino de la Agencia Antidrogas estadounidense, Derek Maltz, proporcionó a la Casa Blanca una lista de casi 30 objetivos mexicanos buscados en Estados Unidos por cargos criminales. Caro Quintero era el número uno de esa lista.
La misma persona aseguró que el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en un intento de contentar a Trump y mostrarse como un aliado fuerte en la lucha contra los cárteles, sorteó las formalidades que implicaría una extradición y así poder trasladar a Caro Quintero y los demás reclusos.
El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles que decidió eliminar más del 90% de los contratos de ayuda exterior de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y 60.000 millones de dólares en asistencia total de Estados Unidos en todo el mundo.
Eso permitiría, además, que pueda ser procesado por el asesinato de Camarena en Estados Unidos, algo que, sin embargo, no estaba contemplado en la petición de extradición ya existente por cargos de tráfico de drogas ante una corte federal de Brooklyn.
Entre los otros 26 reclusos trasladados, estaba Vicente Carrillo Fuentes, un exlíder del Cártel de Juárez que opera en la fronteriza Ciudad Juárez y hermano del capo narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, quien era conocido como “El señor de los cielos” y murió por mala práctica médica en una operación de cirugía plástica en 1997.
El envío a Estados Unidos de Caro Quintero y los dos líderes de Los Zetas coincidió con la visita que realizaban el jueves a Washington el canciller Juan Ramón de la Fuente y los secretarios de Economía, Seguridad, Defensa y Marina, Marcelo Ebrard, Omar García Harfuch, el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raymundo Morales, respectivamente, para avanzar en las discusiones con sus pares estadounidenses sobre posibles acuerdos en materia comercial y de seguridad.
Con el traslado de los cabecillas de Los Zetas se pone fin a un largo proceso que se inició tras la captura en el 2013 de Miguel Treviño Morales y dos años después de su hermano, Omar Treviño Morales. El trámite se había postergado por años, algo que el propio fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, calificó como “verdaderamente vergonzoso”.
Los Treviño Morales, quienes han sido acusados por las autoridades estadounidenses de dirigir desde la cárcel el violento Cártel del Noreste, tienen procesos pendientes en Estados Unidos por participar en una organización criminal, conspiración para el tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y conspiración para el lavado de dinero. Les atribuyen actividades delictivas en México, Guatemala, Colombia, Venezuela y Estados Unidos.
En su primer mes la administración este gobierno ha hecho acuerdos migratorios con México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá para que actúen como países ‘puente’
Los Zetas surgieron como brazo armado del Cártel del Golfo en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas. Tras dividirse, sembraron de terror varios estados de México y fueron el principal objetivo de la guerra contra los cárteles lanzada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
El renombrado Cártel del Noreste opera actualmente en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, el lugar “donde los grupos delincuenciales agreden más a las fuerzas armadas”, según reconoció el octubre pasado la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
Mike Vigil, exjefe de operaciones de la Administración de Control de Drogas estadounidense en el extranjero, consideró como “histórico” y una “gran celebración” para la DEA los traslados de los 29 reclusos y aseguró que “esto realmente nunca ha sucedido en la historia de México”.
Vigil dijo a la AP que el gobierno mexicano ya había tomado la decisión hace un tiempo, pero lo mantuvo en “secreto” para evitar cualquier complicación legal.
Por su parte, el analista en seguridad David Saucedo indicó que la maniobra de la administración de Sheinbaum representa una “concesión importante” a su vecino del norte.
Sobre las repercusiones que podría tener estas acciones en México, Saucedo dijo que “seguramente habrá por parte de los grupos de narcotráfico una reacción furiosa en contra del Estado mexicano”.
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